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El 19 de septiembre de 2008 la presidenta regional, Esperanza Aguirre, anunció la decisión unilateral del PP de privatizar el 49% del Canal de Isabel II, una empresa pública que proporciona unos ingresos anuales de más de 100 millones de euros a las arcas públicas madrileñas. Poco después, el Ejecutivo de Aguirre volvió a aplicar el “rodillo” de su mayoría absoluta aprobando la polémica medida en la Ley de Acompañamiento de los presupuestos, hurtando a la ciudadanía la información, primero, y el debate, después. A juicio de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), la privatización del 49% del canal constituye, no solo un expolio del patrimonio público, sino un atentado en toda regla de un derecho humano fundamental: el acceso un bien natural: el agua.
El polémico anuncio provocó la inmediata movilización de la FRAVM, de Ecologistas en Acción, del comité de empresa del Canal, de CCOO, de Acción en Red, de IU, de Izquierda Anticapitalista, CECU..., que decidieron sumar fuerzas constituyendo la Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II. Desde su constitución, la plataforma ha logrado activar y extender una concienzuda lucha en defensa del patrimonio público en la comunidad de Madrid. Para ello, han convocado cerca de 160 actos públicos a los que han asistido en torno a 6.000 personas, ha convocado tres manifestaciones, han recogido 35.000 firmas contra la privatización de la empresa pública, han logrado que más de una treintena de municipios, muchos de ellos gobernados por el propio PP, se nieguen a firmar el convenio con la nueva empresa por contener cláusulas abusivas que favorecen a los grandes municipios en detrimento de los pequeños y, por último, que ocho ayuntamientos que representan a más de 500.000 electores presentaran una Iniciativa Legislativa Municipal (ILM) que obliga a la Asamblea de Madrid a someter a debate el proceso de privatización.
A la espera de que la Mesa de la Asamblea fije la fecha del debate en el Parlamento regional, la Plataforma ha decidido dar un paso más, en colaboración con el movimiento 15M, para poner de manifiesto el profundo rechazo de la ciudadanía a la privatización: convocar una consulta ciudadana el próximo 4 de marzo.
Ese día, las vecinas y vecinos podrán votar en más de 100 mesas distribuidas a lo largo de toda la geografía madrileña (ofreceremos un mapa con las ubicaciones confirmadas antes de finales de mes) si están a favor o en contra de la privatización.
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