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En junio de 2009, el Ayuntamiento de Madrid ordenó el derribo del mercado de La Cebada. Los 140.000 vecinos y vecinas de Centro, que cuenta con una población similar a la de capitales de provincia como Tarragona o Badajoz, se quedaban así sin el único polideportivo del distrito.
En aquella época, el Consistorio madrileño estaba metido de lleno en la modificación del Plan General de Ordenación Urbana en el ámbito de la plaza de la Cebada- Carrera de San Francisco. A tal objeto, se aprobaron dos planes especiales del APE 01.07, en mayo de 2008 y en septiembre del mismo año, a los que siguieron dos modificaciones puntuales, en julio de 2011 y en mayo de 2012. Esta última, sometida a información pública el pasado 28 de junio, ha sido objeto, al igual que las anteriores, de alegaciones por parte de la
AV La Corrala, de
AVECLA, de la
AV Las Cavas y Costanillas y de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), que califican la propuesta de “inaceptable”.
¿En qué consiste? En remodelar el mercado de La Cebada y su entorno con el objetivo de generar “una oferta comercial de calidad en una zona estratégica del centro urbano”. La propuesta ganadora del concurso municipal convocado en 2007, firmada por Carlos Rubio Carvajal y Enrique Álvarez-Sala, proyecta crear un jardín en la cubierta del edificio “que atienda las funciones de mirador urbano”, construir un supermercado de 2.500 metros cuadrados en la planta baja y cuatro plantas subterráneas de aparcamiento con la única reserva de 722 plazas para dotación de los edificios, de residentes de la zona y de rotación.
Las sucesivas modificaciones del PGOUM se han traducido en una reducción de 2.238 metros cuadrados de la edificabilidad total a costa del equipamiento público. También el mercado municipal pierde superficie,pasando de ocupar 5.400 a apenas 4.100 metros cuadrados.
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El mayor “mazazo” para el interés general de las vecinas y vecinos de Madrid, sin embargo, llega de la recalificación del uso del mercado, calificado como dotacional y que pasaría a ser de uso lucrativo de terciario comercial. Mediante esta última modificación el Ayuntamiento pretende, por tanto, vender una parcela pública de un valor cercano a los 19 millones de euros indemnizando con otros 17 millones de euros a los concesionarios del mercado (la asociación de comerciantes que, además del mercado, explota los aparcamientos) con el objetivo de que el adjudicatario financie la reconstrucción del polideportivo, la construcción de los aparcamientos y la urbanización del ámbito. Así, subraya el equipo de Gobierno municipal, la actuación urbanística no supondrá “coste alguno” al Consistorio, una afirmación incierta dado que se detrae del patrimonio público municipal una parcela con un valor teórico de 19 millones de euros, a lo que habría que sumar los 17 millones de indemnización a los concesionarios.
En sus alegaciones, la FRAVM recuerda el nefasto balance de otras operaciones de “coste cero” que produjo desembolsos millonarios al Ayuntamiento, como la operación Pasillo Verde Ferroviario, que enajenó para vivienda libre el suelo de dominio público de Renfe para sufragar, a “coste cero” el soterramiento de las vías. Hay más operaciones fallidas a través de las cuales el Consistorio de la capital ha querido hacer depender de la “iniciativa privada” la construcción de equipamientos públicos, como el faraónico Coliseo de las Tres Culturas promovido por la productora de José Luis Moreno, Miramón Mendi, en el distrito de Hortaleza, donde la cesión en derecho de superficie hubo de resolverse retornando la parcela al Ayuntamiento por incumplimiento de las obligaciones de la empresa concesionaria.
La propuesta de mermar el patrimonio municipal de suelo para obtener financiación resulta, por tanto, inaceptable tanto para la FRAVM como para las asociaciones del ámbito, que siempre han denunciado la utilización de la política de reclasificaciones y recalificaciones de suelo como herramienta de obtención de fondos. Una oposición reforzada por el penoso balance de otras operaciones urbanísticas en las que se ha ejecutado el uso lucrativo (viviendas libres, grandes centros comerciales...), mientras que los equipamientos sociales se han terminado convirtiendo en en objeto de reivindicación vecinal, como en los viejos tiempos.
